Comunidades campesinas de Espinar, afectadas por la contaminación, exigen la ejecución de la sentencia que ordena atención de salud

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En diciembre de 2020, la Sala Mixta de Canchis confirmó una sentencia de primera instancia ordenando al Ministerio de Salud que, en un plazo de 90 días, se elabore un plan de acción de salud para la atención de miles de personas expuestas y afectadas por la contaminación con metales pesados de la provincia de Espinar y sus comunidades, priorizando a niños/as, mujeres gestantes y adultos mayores. Desde entonces, se habría iniciado la ejecución de la sentencia.

De diciembre a la fecha los demandantes han estado a la espera de la convocatoria para la elaboración del plan, pero esto nunca ocurrió. Por ello, el 10 de junio de 2021, los demandantes pidieron al juez de ejecución de sentencia que realice una audiencia para que el Ministerio de Salud informe sobre sus avances. Tal audiencia todavía no se ha realizado.

Pese a ello, en el mes de mayo, en el marco de una mesa de diálogo en la que participan las ONG  aliadas de los demandantes, se tomó conocimiento de la existencia del “Plan de acción de salud integral para la población en riesgo por exposición a metales pesados y metaloides – Provincia de Espinar 2021- 2023”, aprobado por la GERESA Cusco en marzo de este año y que, según se indica en la introducción, implementa el citado mandato judicial.  Cabe precisar que, hasta el día de hoy, este plan no ha sido notificado a los demandantes.

Ante ello, el día miércoles 16 del presente mes, los afectados y afectadas se reunieron en la comunidad campesina de Huisa para analizar la sentencia, sus implicancias y el plan elaborado por la GERESA Cusco.

Los demandantes consideran que este plan es “más de lo mismo”, ya que se parece a los anteriores. Además, sostienen que el plan no contempla una vigilancia a su estado de salud de manera permanente, y que tampoco garantiza la presencia real de especialistas que asocien sus males con los efectos producidos por los metales pesados y metaloides. Con respecto al abastecimiento de agua segura para su consumo humano, consideran que el abastecimiento por cisternas no garantiza un acceso seguro al agua. Por ejemplo, durante la pandemia les han limitado su abastecimiento y eso ha hecho que recurran a tomar agua con un débil tratamiento, por ello plantean que se concrete la creación de una planta de tratamiento que abastezca de agua con una adecuada calidad y cantidad.

Ante lo ocurrido, los demandantes esperan que en la audiencia de ejecución de sentencia el juez exija que el plan establezca medidas idóneas y satisfactorias para hacer frente los problemas que los aqueja y su elaboración tenga en cuenta la opinión de los demandados.

Sobre la omisión de la participación de los afectados, debemos señalar que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece claramente que cuando el Estado emite alguna medida que afecte directamente a los pueblos originarios, está debe ser consultada, tanto si la afectación es positiva como negativa.

Es importante recordar que el derecho a la ejecución de las sentencias no solo puede violarse en los casos de incumplimiento de sentencias expedidas regularmente, sino también en los supuestos de cumplimiento defectuoso o incompleto. A este respecto, corresponde señalar que la norma constitucional exige un cumplimiento material, y no solo formal o aparente, de una sentencia. El artículo 22 del Código Procesal Constitucional, por su parte, señala que en la sentencia que cause ejecutoria en los procesos constitucionales se actúa conforme a sus propios términos por el juez de la demanda.

En tal sentido, la ejecución ha de consistir precisamente en «el cumplimiento de lo previsto en el fallo y constituye, junto al derecho del favorecido a exigir el cumplimiento total e inalterado, el del condenado a que no se desvirtúe, se amplíe o se sustituya por otro»[1]. Es necesario observar que el derecho a la ejecución «impide que el órgano judicial se aparte, sin causa justificada, de lo previsto en el fallo que ha de ejecutar, o que se abstenga de adoptar las medidas necesarias para proveer a la ejecución de la misma cuando ello sea legalmente exigible»[2]. El contenido principal del derecho consiste, pues, «en que esa prestación jurisdiccional sea respetuosa con lo fallado y enérgica, si fuera preciso, frente a su eventual contradicción con terceros»[3].

En consecuencia, consideramos que estamos ante una sentencia de cumplimiento defectuoso porque solo repite lo que se ha planteado con anterioridad en sucesivos planes de salud, sin que ello permita resolver la exposición y las secuelas de la contaminación. Es más, no ha contado con la participación de los afectados y afectadas que podrían haber ayudado a determinar medidas satisfactorias.

Debemos informar también que Derechos Humanos Sin Fronteras, CooperAcción y el Instituto de Defensa Legal han convocado a especialistas en salud pública para que, en apoyo a las comunidades, contribuyan en el proceso de elaboración del plan proponiendo objetivos, metas, actividades e indicadores que garanticen los derechos a la salud ambiental y humana. Es decir, un plan de atención integral, con enfoque de derechos humanos, género, interculturalidad y participación ciudadana.

Las comunidades campesinas de Espinar y organizaciones indígenas demandantes tienen la expectativa de que el Estado, finalmente, asuma sus obligaciones en relación a la población de Espinar, garantizan su derecho a la salud y a un medio ambiente libre de contaminación ambiental.

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